CICITEM, un Laboratorio de Irregularidades
El triángulo de la desconfianza: CICITEM, Arturo Molina y Rubén Rojo Maturana
La historia del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM) debería ser un relato de innovación y desarrollo regional en Antofagasta. Sin embargo, se ha convertido en un caso emblemático de cómo las redes de influencia política, la falta de controles efectivos y la reincidencia delictual pueden comprometer gravemente instituciones destinadas al progreso científico y tecnológico.
Un patrón inquietante de irregularidades
La cronología de los hechos revela un patrón inquietante. Lo que comenzó con una malversación de 1,5 millones de pesos en la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Calama (2009), derivó años después en un presunto desfalco de 132 millones de pesos en CICITEM (2025). El común denominador en ambos casos: Rubén Rojo Maturana, un funcionario con antecedentes penales que, lejos de ver limitada su carrera pública, fue sistemáticamente promovido a cargos de mayor responsabilidad financiera.
«Es absolutamente inexplicable que una persona condenada por malversación de caudales públicos termine administrando fondos regionales destinados a la investigación científica», indicó el Senador Esteban Velásquez, consultado para este reportaje. «El caso CICITEM refleja una falla estructural en los sistemas de control y una cultura de impunidad preocupante en la administración pública regional».
El mecenas político: Arturo Molina y la red de favores
Arturo Molina Henríquez aparece como una figura clave en esta trama. Como alcalde de Calama (2004-2008), nombró a Rojo en la Corporación de Cultura y Turismo donde ocurrió el primer desfalco. Años después, como Intendente de Antofagasta (2016-2017), lo incorporó a su gabinete a pesar de sus antecedentes penales. Finalmente, participó del directorio que lo seleccionó como director-gerente de CICITEM en 2018.
Esta relación de patronazgo político plantea serias interrogantes sobre las motivaciones detrás de estos nombramientos. ¿Por qué insistir en colocar a una persona con antecedentes de malversación en cargos donde administraría fondos públicos? ¿Existió una evaluación real de los riesgos asociados? Los hechos sugieren que primaron las lealtades personales por sobre el interés público y la correcta administración de recursos fiscales.
Un directorio cómplice por omisión
La responsabilidad no se limita a los protagonistas directos. El directorio de CICITEM, integrado por autoridades regionales y académicos, aprobó la contratación de Rojo a pesar de sus antecedentes. Más grave aún, falló en implementar mecanismos efectivos de control financiero que pudieran detectar oportunamente las irregularidades.
Durante años, Rojo habría realizado «autopréstamos», transfiriendo dinero desde cuentas institucionales a su cuenta personal. Este mecanismo tan burdo como efectivo plantea interrogantes sobre la efectividad —o inexistencia— de auditorías periódicas y controles cruzados. Que estas prácticas continuaran sin detección durante tanto tiempo evidencia una negligencia institucional sistemática.
Alertas ignoradas y denuncias tardías
Otro aspecto preocupante del caso es el tiempo transcurrido entre las primeras alertas internas (2021-2022) y la denuncia formal ante la Fiscalía (enero 2025). ¿Por qué se demoró tanto la reacción institucional? ¿Quiénes conocían de estas irregularidades y optaron por el silencio?
Esta demora no solo permitió que el desfalco aumentara en magnitud, sino que también comprometió seriamente la operación de CICITEM, poniendo en riesgo proyectos de investigación legítimos y el futuro mismo de la institución.
Consecuencias para la ciencia regional
El daño producido por este escándalo trasciende lo financiero. CICITEM, concebido como un motor de desarrollo científico-tecnológico para la minería en Antofagasta, ve comprometida su credibilidad y continuidad. Proyectos de investigación han quedado paralizados, y la confianza en la gestión de fondos para ciencia y tecnología en la región ha sufrido un golpe devastador.
«Este tipo de escándalos afecta directamente a los investigadores honestos y a las instituciones científicas que operan con transparencia», señaló el parlamentario. «Recuperar la confianza tomará años».
Un desenlace pendiente
Mientras la investigación judicial avanza, quedan interrogantes fundamentales por resolver: ¿Actuó Rojo completamente solo o contó con cómplices dentro de la institución? ¿Cuál fue el destino final de los 132 millones de pesos? ¿Existirán mecanismos efectivos para recuperar estos fondos?
Más allá del caso particular, el escándalo CICITEM pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control en instituciones que manejan fondos públicos, especialmente aquellas dedicadas a ciencia y tecnología, donde la rendición de cuentas suele ser menos visible para la ciudadanía.
Sobre esto, Velásquez afirmó que “molesta el hecho que cuesta tanto conseguir Recursos Públicos para la Región y sus comunas, sin que se tenga el cuidado y resguardo necesario de aquellos responsables de cuidarlos y usarlos correctamente”.
Reflexión final
El caso CICITEM representa una oportunidad para repensar cómo se seleccionan los directivos de centros científicos y cómo se supervisa el uso de fondos destinados a investigación. La ciencia y la tecnología son demasiado importantes para el desarrollo regional como para dejarlas en manos de administradores cuestionados o sistemas de control deficientes.
El desafío ahora es doble: por un lado, garantizar que la justicia esclarezca completamente los hechos y establezca las responsabilidades correspondientes; por otro, implementar reformas estructurales que impidan que casos similares vuelvan a repetirse. Solo así CICITEM o la institución que eventualmente lo reemplace podrá cumplir efectivamente con su misión fundacional: impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la Región de Antofagasta.
[01-04-25, 16:28:37] Dvc In Altvm 🚣: audio omitido